En su discurso ante los legisladores, la diputada Guadalupe Leal destacó la importancia de la imagen institucional, señalando la problemática del gasto excesivo en cambiar la imagen de gobierno cada 3 y 6 años, por lo que existe la necesidad de regular el uso de colores, imágenes y elementos de identidad del gobierno y sus dependencias, señalando: “Que el color de los partidos les cueste a los militantes, pero no a los ciudadanos.”
La propuesta de ley tiene como objetivo principal regular la imagen institucional de los entes públicos del estado, buscando fortalecer la identidad y reputación de Puebla, generando confianza, credibilidad y fomentando la participación ciudadana en las acciones gubernamentales. Esta iniciativa fue presentada en colaboración con la Diputada Karla Rodríguez y el diputado Jaime Natale.
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Beneficios clave de la Ley de Imagen Institucional:
- Ahorros al erario público: La ley establecerá criterios claros y uniformes para el uso de colores, imágenes y elementos de identidad, evitando la reinversión en cada cambio de administración y generando ahorros significativos al erario público.
- Promoción de la cultura y la historia: La construcción de una imagen pública sólida reflejará los valores, la cultura y la historia de Puebla, impulsando el sentido de pertenencia, cohesión social, y promoviendo el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el fomento del turismo.
- Imparcialidad y neutralidad: La prohibición de hacer alusión a la imagen personal o política de los titulares, miembros, partidos o agrupaciones políticas garantizará el principio de imparcialidad y neutralidad en el servicio público.
- Medio ambiente: se evitara el gasto innecesario de recursos para así disminuir el impacto negativo al medio ambiente, por lo que la Ley busca que la imagen de las autoridades guarde congruencia con las sostenibilidad.
Esta Ley entrará en vigor para el próximo cambio de administración, por lo que los nuevos gobiernos deberán garantizar una imagen de gobierno y no de partidos a través de los Manuales de Imagen Institucional que formulen, mismos que deberán respetar las bases mínimas de la Ley local.
Finalmente, se expuso que el incumplimiento de la nueva legislación por parte de las personas servidoras públicas puede traer como sanción desde una amonestación hasta la inhabilitación en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el tenor que de no utilizar los recursos públicos en respeto a los principios de eficiencia, neutralidad, imparcialidad, sostenibilidad, entre otros, se puede configurar un desvío de recursos públicos por no observar de manera adecuada la normativa en materia de imagen institucional.
