En las instalaciones del Senado de la República se llevó a cabo una conferencia de prensa por un grupo de ciudadanos, reclamando el traslado de más de 10 mil expedientes de juicios en materia laboral a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca y Tlaxcala, debido al reciente cierre de la Junta Especial 33 con sede en Puebla.
Los usuarios afectados argumentaron, que el 17 de junio de este año, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que “sin consultar a nadie” se determinó el cierre de esta Junta, lo que derivó en graves afectaciones a ciudadanos, abogados litigantes e incluso trabajadores que resultaron despedidos de manera arbitraria.
Señalaron que las afectaciones se traducen en pérdidas económicas para los ciudadanos que no van a poder solventar los gastos para continuar la defensa de sus juicios, especialmente para los más de 2 mil asuntos de personas de la Tercera Edad, que pretenden hacer efectivo su derecho a pensiones para el retiro.
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Mencionaron que también apoyarán a los 30 trabajadores de la Junta Especial que resultaron afectados, ya que 15 de ellos fueron “obligatoriamente” reasignados a otras juntas, lejos de sus familias y sus hogares, mientras que otros 15 resultaron despedidos.
“¿Así es como la Secretaría del Trabajo garantiza nuestros derechos laborales?”, “La reforma laboral de 2019 solo es un discurso”, “Marath Bolaños López no consulta, impone” se leía en algunas pancartas de ciudadanos molestos, quienes indicaron que en las calles de Puebla, continuarán los bloqueos de circulaciones viales y las reclamaciones hasta que sean atendidos por las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Por su parte, el Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, miembro del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una proposición con punto de acuerdo para instar respetuosamente a Marath Baruch Bolaños López titular de la STPS a sostener una mesa de diálogo con representantes de Gobernación, abogados y trabajadores y a promover las acciones necesarias para garantizar los derechos a justicia pronta y expedita, el cual ya se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
