El bloqueo carretero que comenzó en el tramo de la autopista a la altura de Santa Rita Tlahuapan por una demanda de pago de un grupo de pobladores por tierras utilizadas para la construcción de infraestructura será de los mas largos en términos de longitud, dañinos para gente inocente, usuaria de esa vía estratégica de comunicación terrestre y con la mayor duración en la historia de ese tipo de demandas.
El abogado de los labriegos que alentó la repulsa de propios y extraños, Jorge Portilla Alba dijo al periódico El Sol de Tlaxcala, según nota firmada por el reportero de esa casa editorial, Jesús Zempoalteca, que la protesta se mantendrá por “tiempo indefinido y total”.
La interrupción del paso por la vía de altas especificaciones México-Puebla en ambos sentidos no ha sido la única, pero si las mas observada debido a la importancia que reviste una autopista que conecta a la capital del país con el sureste de México y, el sureste con el norte de la República.
Desafiante, el abogado se sabe protegido por los campesinos que un día son capaces de protestar por la indemnización de tierras que por la aprehensión de habitantes de esa comunidad, aún y cuando hayan sido capturados por la Policía Ministerial con órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez.
En el caso que nos ocupa, con mas de 30 horas del cierre carretero, se podría decir que se junto el hambre con las ganas de comer. Un ángulo de la historia está alimentado por un abogado que encontró una forma de vida en la defensa de una causa que ciertamente dejó de atender el Estado Mexicano en general y en particular, el gobierno del panista Vicente Fox; otro que no se puede ignorar, es la obsolescencia de los gobiernos sucesivos que no fueron capaces de dialogar hasta agotar la demanda; y finalmente, la ambición de los protagonistas.
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En noviembre de 2014, ¡hace una década! el abogado que defendió las causas del campesinado de la región Puebla-Tlaxcala ya daba muestras de capacidad de movilización, influencia y logística cuando llevó a unos 60 campesinos a las afueras de Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde entonces despachaba Gerardo Ruiz Esparza.
El hilo de tiempo desde esos días hasta el presente muestra ciertas inconsistencias que permiten ver cuarteaduras en la verdad histórica que han enarbolado los manifestantes. En las últimas horas han dicho que la deuda del gobierno federal con quienes cedieron tierras data de hace 60 años. Extender el tiempo de la deuda económica para legitimar una causa como la que anima a los manifestantes suele tener mala fortuna, tarde o temprano se cae la mentira.
En 2014 argüían un adeudo y exigían pagos justos por los predios diez años atrás en 2004, cuando en la residencia oficial de Los Pinos despachaba el panista Vicente Fox Quezada y el titular de SCT estaba a cargo de Pedro Cerisola y Weber.
El representante legal de los inconformes que ahora tienen paralizada una de las autopistas mas importantes del país partió hace diez años de una idea que encontró eco entre sus representados: los campesinos fueron sorprendidos por los funcionarios del gobierno de Fox debido a su desconocimiento e ignorancia.
“En los acercamientos individuales hubo una consigna simple: hacerlos firmar convenios cuando es evidente que la gente no tiene los conocimientos legales, no tiene la preparación como para saber si esos convenios eran o son lesivos”.
No hay manera de justificar la actuación de los habitantes de Tlahuapan, menos la de un abogado manipulador y oportunista como Jorge Portilla Alba y tampoco se puede dispensar la ausencia de estrategias del gobierno federal para disolver el conflicto que tiene a cientos de miles de automovilistas y conductores de transporte de pasajeros y de carga en la desesperación absoluta, en medio de un problema que sólo unos cuantos generaron y dejaron crecer.
