El 29 de agosto de 2022 medio centenar de golpeadores al servicio de Antorcha Campesina armados con machetes y palos tundieron a golpes a un pequeño grupo de trabajadores de la ruta de transporte público Nueva Generación Angelópolis. Dos de las unidades de ese derrotero estuvieron a punto de ser incendiadas si no es por la intervención del Ejército Mexicano y la Policía Estatal.
Constancia de esa agresión obra en la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIM/-I/016951/2022 en donde figuran los nombres de parte de la nomenclatura de esa organización: Lluvia Guadalupe Sánchez Hernández; Noé González Juárez; Javier Bustos León; María Luisa Fuentes; Miguel Pérez Martínez; Francisco Anastacio Pérez Martínez; Samuel Méndez Díaz; y José Luis Ponce. Todos al servicio de Soraya Córdova Morán, hermana del líder y fundador, Aquiles.
Se trata de una muestra apenas de una larga cadena de agravios, agresiones y violaciones a la ley que ha sido soslayado por la Secretaría de Movilidad y Transporte desde el año 2018, aunque en ese largo periodo no ha había habido una campaña en defensa de la pandilla antorchista como en el periodo de Omar Álvarez Arronte, el funcionario reiteradamente mencionado para ocupar la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el futuro gobierno municipal de la capital.
En una conferencia de prensa en el Centro Integral de Servicios, el titular de Movilidad y Transporte atribuyó el origen del conflicto a una “fusión” de rutas desde el periodo de Rafael Moreno Valle que no fue reportada a la institución encargada de aplicar la ley en materia de transporte.
Se trató de una versión sesgada: una minuta de trabajo resultado de una reunión celebrada apenas el 11 de junio de este año en poder del columnista revela una versión diferente a la que Álvarez Arronte compartió frente a integrantes del gabinete y de los medios. En esa mesa de trabajo estuvieron representantes de las rutas 77A, 45A, Ruta Malacatepec, Ruta Angelópolis y por parte de la autoridad Gastón Alejo Fomperosa Zanatta, director del Centro de Capacitación e Inspección del Transporte y Benito Sánchez Islas, director de Ingeniería y Planeación.
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Dos ausencias a esa mesa dejaron constancia de la complacencia de la autoridad respecto de la agrupación antorchista: Ovidio Celis Córdova, representante de Movilomas, una de las rutas que tienen años de invadir derroteros ajenos y la otra inasistencia, Laura Sánchez, de la Secretaría de Gobernación. Fue letra muerta todo lo que ahí se acordó.
Como mal chiste, Fomperosa Zanatta estableció en el oficio SMT/STVC/CCITEP/0265/2024 dirigido a Valentín Zambrano Hernández, de la inconforme Ruta Nueva Generación Angelópolis que las invasiones de las unidades controladas por Antorcha Campesina y los actos de violencia de los que han derivado al menos tres carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado, es un mito genial, inexistente.
“…personal de supervisión informa que los días 15 y 16 de agosto del año en curso (2024), realizó operativo de supervisión en los distintos ramales e itinerarios de las rutas 77A, 45A, Malacatepec, Angelópolis y 64A, sin que se advirtiera invasión alguna de ramales y recorridos por parte de unidades pertenecientes a la ruta Nueva Visión Eclipse (Movilomas)”.
Cuidadoso de las formas y rituales en tiempos de transición, los protagonistas del periodo de transición gubernamental que se concretará en poco mas de 100 días han inadvertido un eventual conflicto social con riesgo de derramamiento de sangre y violencia propiciado por la agrupación Antorcha Campesina.
La bitácora de invasiones, despojos, agresiones y violaciones a la ley están en el largo historial de existencia de la organización que nació y floreció con el priato y se acentúo con el panismo rancio que propició que en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se le suspendieran prebendas y programas sociales para construir una base social que mengua.
