El Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene firme en su postura de oponerse a la Reforma Constitucional del Poder Judicial en el Senado de la República, promovida por el partido MORENA, ya que pone en riesgo la independencia de dicho Poder y permite que el Ejecutivo tenga mayor injerencia en el ámbito judicial, entre otras razones.
En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Augusta Díaz de Rivera, aseguró que Acción Nacional, desde su fundación, ha luchado por la defensa de la democracia, el respeto a la división de poderes y la protección de los derechos ciudadanos. Además, afirmó que el PAN se mantiene firme para evitar el intento del partido oficialista de imponer en el Senado la reforma al Poder Judicial.
“En el PAN estamos listos para dar la pelea en la Cámara Alta, donde Morena y sus aliados buscan aprobar esta iniciativa que compromete el futuro de México y de nuestros hijos”, aseguró la presidenta.
Lee también: PAN Puebla presenta análisis sobre resultados electorales
Durante la rueda de prensa, la lideresa, quien estuvo acompañada de Jorge Jiménez Calderón, secretario jurídico del CDE del PAN explicó siete motivos por los cuales el partido no está de acuerdo en esta reforma:
- La independencia de los jueces y magistrados podría verse comprometida, lo que afectaría el sistema de pesos y contrapesos.
- Existe un gran riesgo de convertir al Poder Judicial en una herramienta política al servicio del gobierno, lo cual podría afectar la imparcialidad de las decisiones judiciales. El PAN es un partido que históricamente ha luchado contra los excesos del presidencialismo y la concentración de poder en una sola persona o partido.
- La reforma, tal como se plantea, debilitaría la democracia al hacer que el Poder Judicial sea más susceptible a las presiones políticas y de grupos de interés. El respeto a la pluralidad de ideas y la rendición de cuentas es esencial para la democracia, y esta reforma va en contra de estos principios.
- Sabemos que el sistema judicial en México es imperfecto, por lo cual se requiere elaborar una “reforma integral” al sistema de prevención del delito y a la Procuración de Justicia. Sin embargo, el proceso de reforma que impulsa el presidente se hizo de manera apresurada y sin una consulta adecuada con diversos sectores de la sociedad, incluidos expertos en derecho y representantes de la oposición. Cualquier reforma constitucional debe hacerse con transparencia, diálogo y consenso, para asegurar que se fortalezca en lugar de debilitarse, como sucede ahora.
- Son claras las consecuencias negativas de la reforma entre las que se destacan: La devaluación del peso ante el dólar y el aumento en la tensión diplomática con Estados Unidos y Canadá; otras que podrían acentuarse como el incremento del desempleo, una baja en la calificación crediticia del país, sanciones internacionales, una disminución en la confianza hacia México y el TEMEC.
- Si bien el poder judicial no está exento de vicios a erradicar, los mismos que aquejan a todo el sistema político en nuestro país, hasta hoy es el poder más profesionalizado, el único que premia la preparación, la carrera profesional, los méritos propios, y eso lo protege de mejor manera de caer en ellos. Eso es lo deseable en los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. Esto es lo que piden los ciudadanos: funcionarios profesionales que escalen posiciones por su currículum, que avancen de abajo hacia arriba por sus méritos, que lleguen a las mejores posiciones quienes están más preparados.
- El Poder Judicial puso ayer a disposición de la discusión sobre la reforma un documento con propuestas concretas, elaboradas con el apoyo de actores de sistemas de seguridad y justicia, federales y locales, legisladores, organizaciones, academia, estudiantes y ciudadanos. También se presentó una propuesta surgida desde juezas y jueces federales, así como de 11 sistemas de justicia locales, quienes desean aportar a la discusión desde su experiencia directa. Ambos documentos coinciden con las recomendaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil.
Díaz de Rivera, afirmó que las senadoras y los senadores del PAN ya se han manifestado públicamente y que, a pesar de las presiones, ofrecimientos e intimidaciones, estarán presentes en las sesiones y votarán en contra de la iniciativa.
Finalmente, la dirigencia del PAN en Puebla, reafirma su compromiso con el Estado de derecho y el respeto a las instituciones. Por lo consiguiente, el PAN seguirá luchando por una justicia imparcial, que sea garantía de que ningún ciudadano esté por encima de la ley.
