En unos 30 días sabremos de qué está hecho el grupo político que llegó al poder en Puebla, cuando el ex candidato a gobernador por el PRI, Javier N., sea llevado a juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.
La mayoría de quienes hoy forman parte del gobierno de la Cuarta Transformación tuvieron relación cercana o, por lo menos, vasos comunicantes con el presunto autor intelectual del atentado que costó la vida a la abogada y activista en Santa María Coronango.
En un sistema de impartición de justicia imperfecto como el nuestro, en el que se es dado en tomar decisiones discutibles y polémicas, la duda comenzará a rondar en el imaginario colectivo, sobre todo en un caso de alto impacto que trascendió fronteras.
En un comunicado de la familia Monzón se anticipó que tanto la parte agraviada como la Fiscalía General del Estado (FGE) demandarán se imponga la pena máxima tanto para Javier N., como para los presuntos autores materiales del feminicidio, Jair N., y Silvestre N., que es de 60 años según el Código Penal que rige en el estado de Puebla.
El juicio oral comenzará el 12 de marzo según determinó la juez de control, Miriam Huerta Lechuga luego de los recursos de amparo que la defensa del principal imputado de la supuesta autoría intelectual interpuso como parte de su estrategia de defensa.
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La audiencia penal que definirá el futuro de quien alcanzó enorme poder político en el periodo sexenal de 2005 a 2011 será la primera de alto impacto en el naciente sexenio del gobernador Alejandro Armenta, con quien el enjuiciado trabó amistad hasta que el ahora mandatario creció en posibilidades de ser abanderado en la elección de 2010, en la que el PRI terminó por entregar el poder al panismo.
La mala noticia para el presunto feminicida no termina con su aprehensión y enjuiciamiento el próximo 12 de marzo, sino con la política pública de los gobiernos de Morena para tutelar los derechos de las mujeres.
El jueves 6 Armenta dijo frente a la secretaría de Igualdad federal Citlali Hernández que “nos duele y nos lastima cuando hay un feminicidio. Y no hay omisión, no hay indiferencia, hay contundencia …” al inaugurar una de las casas Carmen Serdán de las que serán instaladas otras 27 en todo el territorio para proteger a las mujeres de maltratadores.
El panorama que enfrentan los presuntos feminicidas en Puebla no es el mejor, porque existe un clima en todo el país contrario a toda expresión de violencia, especialmente por la presencia de la primera mujer en ocupar el cargo público de mayor relevancia y un gobernador con una narrativa coincidente con la mandataria federal.
El futuro es incierto no solo en el panorama político, sino en el jurídico. La juez de control Miriam Huerta Lechuga se inscribió para competir por un cargo como magistrada federal en el Poder Judicial y aparecerá en la boleta, lo que significa que su actuación como juzgadora estará especialmente observada.
El llamado segundo piso de la 4T en Puebla será crucial para declarar culpabilidad o absolución de un político de la vieja guardia y sus presuntos secuaces en la culminación del juicio que tendrá repercusiones jurídicas y políticas para todos los involucrados.
