Las manifestaciones que en la última semana ha protagonizado un grupo importante de alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha puesto a prueba a todos los involucrados directa e indirectamente. Desde quienes iniciaron la revuelta en exigencia legítima de un conjunto de demandas hasta la rectoría, pasando por quien debe velar por la gobernabilidad en la capital y en todo el territorio.
Si como se ha deslizado en las últimas horas, detrás de la alimentación de la repulsa estudiantil, que se ha extendido a otras unidades académicas, está el grupo del exrector Alfonso Esparza Ortiz, prófugo por un tiempo por las órdenes de aprehensión por las irregularidades que presuntamente le encontraron a lo largo de ocho años, también debe ser colocado en el escrutinio porque desde la comodidad del anonimato, sin responsabilidad administrativa, siempre es mas fácil operar en contra de quien lleva los hilos de la gestión universitaria.
Los jóvenes y sus liderazgos que han marchado por las calles se han dolido de la cobertuta parcial que los medios hemos dispensado porque en lugar de privilegiar en los contenidos informativos las causas y los orígenes de las manifestaciones, se ha puesto el acento en la sospecha de la existencia de la mano negra e interés ulterior de gente ajena al movimiento.
Razón no les falta. Atribuir a una mente siniestra la causa del enojo colectivo resta legitimidad, mérito y autonomía de gestión para encontrar soluciones en las mesas de negociación que la Rectoría de la Buap ha dispuesto para analizar demandas y encontrar puntos de coincidencia.
No deja de parecer inquietante, sin embargo, que cuando por primera vez desde hace por los menos tres rectorados –José y Enrique Doger y Alfonso Esparza– la vida universitaria creció por la vocación académica y el compromiso de Lilia Cedillo Ramírez, la rectora que creció en aulas y matraces desde el tiempo que estudió bajo el rectorado de Luis Rivera Terrazas, se tenga una escena de polarización.
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El martes de esta semana se cumplieron cinco años de las multitudinarias manifestaciones estudiantiles que exigieron a lo largo de la avenida Juárez, Reforma, Bulevar 5 de Mayo y Casa Aguayo, por el asesinato de tres estudiantes de la Buap, Upaep y un conductor de Uber en el Carnaval de Huejotzingo.
La coincidencia funesta parece robustecer la teoría del péndulo de la historia y que irremediablemente vivimos condenados a repetir episodios análogos en el pretérito, aún y lo traumático que resulte para las sociedades, como la tortura y ejecución de Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa, Francisco Xavier Tirado Márquez y el conductor de plataforma, Josué Emmanuel.
Bajo la consigna #NiUnaBataMas, por primera vez, salieron juntos a las calles estudiantes de dos instituciones que en el pasado habría sido imposible imaginar por la diametral distancia en el espectro ideológico: Buap y Upaep a las que se unieron comunidades de la Ibero, Tec de Monterrey y otras más.
Hubo presencia de los rectores de las instituciones de educación superior que acompañaron a la comisión que ingresó a dialogar en la sede gubernamental en la naciente gestión de Miguel Barbosa, salvo Esparza Ortiz que como hoy, estuvo agazapado en algún sitio ignoto.
Recordar ese pasaje de la historia es preciso por la lección de hace un lustro: el origen de la estabilidad está en sus estudiantes, el ímpetu de su conducta y la atención de sus legítimas causas. Cerrar las puertas y, en cambio, dar cauce a la cerrazón es la peor de las decisiones.
Cuidemos a nuestros estudiantes que la fuerza del cambio esté en ellos, verlos de soslayo por la diferencia generacional no hará sino enardecer aún mas a la comunidad y atizará la llama de la revuelta.
