El gobierno de Japón ha comenzado a liberar al océano Pacífico las aguas residuales tratadas de la central nuclear de Fukushima, que sufrió un grave accidente tras el terremoto y el tsunami de 2011. La operación, que cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), se extenderá durante unos 30 años y tiene como objetivo vaciar los más de mil tanques que almacenan el líquido usado para enfriar los reactores dañados.
La decisión ha generado una fuerte oposición por parte de China y Corea del Sur, que temen que el vertido afecte a la seguridad alimentaria y la salud de sus ciudadanos, así como a los ecosistemas marinos. También ha sido criticada por organizaciones ambientalistas y por los pescadores locales, que ven amenazada su actividad económica.
Según el gobierno de Japón, el agua ha sido sometida a un proceso de filtrado que elimina la mayoría de los elementos radiactivos, excepto el tritio, un isótopo del hidrógeno que se considera de bajo riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Además, el agua será diluida hasta cumplir con los estándares internacionales antes de ser liberada al mar.
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El OIEA ha anunciado que supervisará y verificará el vertido, y que publicará en tiempo real los datos sobre los caudales, la radiactividad y la concentración de tritio. El organismo ha asegurado que la operación tendrá un impacto radiológico insignificante para las personas y el medio ambiente, y que se basa en las mejores prácticas internacionales.
Sin embargo, algunos expertos han expresado su preocupación por la posible presencia de otros isótopos radiactivos en el agua, como el estroncio-90 o el carbono-14, que podrían tener efectos nocivos a largo plazo. También han advertido sobre la falta de transparencia y la escasa participación pública en el proceso de toma de decisiones.
El accidente de Fukushima fue el peor desastre nuclear desde Chernóbil en 1986, y obligó a evacuar a unas 160 mil personas de la zona afectada. Aunque nadie murió directamente por la radiación, miles de personas siguen desplazadas y muchas sufren problemas físicos y psicológicos. La limpieza y desmantelamiento de la central se estima que durará varias décadas y costará miles de millones de dólares.
