La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Gobierno de Puebla la aclaración del gasto de 371 millones 379 mil 285 pesos de la cuenta pública de 2022, que fue el último realizado durante la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Según el reporte de gasto federalizado, el organismo revisó el uso de 858 millones 423 mil pesos a través de 22 auditorías, con saldo de nueve sin detección de irregularidades, cinco que fueron solventadas, una recomendación, tres solicitudes de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
El dinero fue transferido al Gobierno de Puebla mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y estaba destinado al financiamiento de 481 proyectos.
“El Gobierno del estado de Puebla incurrió en inobservancias, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla”, detalló el documento.
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De los 371 millones 379 mil 285 pesos que no han sido aclarados, la ASF explicó que se pagaron 361 millones de pesos en proyectos integrales a precio alzado, sin que correspondan a los rubros establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Como parte de esa cifra se adjudicaron y ejecutaron tres contratos de obra pública por 358 millones 405 mil pesos que corresponden al rubro de Mejoramiento de Vivienda, con deficiencias en el cumplimiento de la disposiciones legales y normativas aplicables.
También se adjudicó y ejecutó por concepto de gastos indirectos un contrato por 12 millones 401 mil pesos para la verificación y seguimiento a los programas de vivienda y servicios básicos, que no tuvo evidencia suficiente.
Otros 211 mil pesos se destinaron a cinco acciones de electrificación no convencional, sin que existan pruebas. Finalmente, se realizaron pagos por conceptos de obra no ejecutados por 413 mil pesos.
