El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla inició una investigación en contra de uno de los jueces exhibidos en la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal por liberar a presuntos secuestradores en la capital poblana.
Se trata de Francisco Javier Martínez, Juez de Control de la Región Judicial Centro sobre quien se ejercerá el procedimiento de responsabilidad administrativa, “a fin de revisar la actuación y desempeño” del jurista.
Según el Consejo de la Judicatura de Puebla, la acción administrativa es a causa de la resolución emitida por Francisco Javier Martínez en la que al conceder cambio de medidas cautelares, permitió la libertad de dos presuntos secuestradores.
Los presuntos secuestradores son Juan Carlos ‘N’ y Diego ‘N’ y quienes a principios de 2018 fueron acusados de golpear y secuestrar a una mujer comerciante en la ciudad de Puebla, y que ahora gozarán de continuar su proceso en libertad por resolución del juez Francisco Javier Martínez.
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La liberación fue expuesta por el propio gobierno federal, cuando en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del martes 25 de julio, el subsecretario de Seguridad federal, Luis Rodríguez Bucio señaló tanto a Francisco Javier Martínez como al juez Roberto Antonio Domínguez Muñoz, quien fue el que otorgó el amparo que la defensa de los acusados promovió para permitir la revisión de medidas cautelares.
Incluso manifestó que los jueces de Puebla desestimaron el “peligro” que la liberación de los presuntos secuestradores puede representar tanto a las víctimas, como a los testigos y a la comunidad en general.
Fue el pasado 3 de julio cuando una vez que el juez Roberto Antonio otorgó el amparo para la revisión de medidas cautelares, el juez Francisco Javier determinó la salida de los imputados.
Según lo comunicado por el propio Consejo de la Judicatura local, las investigaciones no son aplicables a Roberto Antonio, juez Primero de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, por “salir de la esfera competencial”.
“Lo anterior, con apego a las facultades conferidas por los numerales 88 de la Constitución Política del Estado de Puebla y 82, fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Es importante señalar que dicho procedimiento es independiente del derecho con el que cuentan las partes para agotar los medios de defensa a su alcance, ante las autoridades jurisdiccionales competentes”, señala en comunicado sobre la investigación que inició el Consejo de la Judicatura contra un juez de Puebla.
