La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el Protocolo Alba para Puebla, el cuál tiene la finalidad de coordinar acciones interinstitucionales que ayuden a la localización de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas o no localizadas, además de la investigación de delitos relacionados con la desaparición de personas.
De acuerdo con los principios rectores del protocolo, las acciones desplegadas por las instituciones se deberán ejecutar bajo la presunción de que la persona se encuentra con vida y con prioridad a la preservación de su integridad, al igual que la de sus familiares.
Las autoridades están obligadas a realizar acciones para la búsqueda y localización inmediata de las mujeres, niñas y adolescentes, bajo los principios de: oficiosidad, oportunidad, inmediatez, profesionalismo, imparcialidad, exhaustividad, participación de víctimas y familiares, debido proceso y protección judicial.
También se incluyen: protección judicial, impartición de justicia pronta y expedita, acceso efectivo a la justicia, perspectiva de género, enfoque interseccional, interés superior de la niñez, enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes; autonomía progresiva, igualdad y no discriminación, y enfoque diferencial y especializado.
Se suman los principios de: respeto al derecho a la libertad sexual y al pleno desarrollo psicosexual, buena fe, no revictimización y gratuidad.
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“La búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas es responsabilidad de todos los órganos que forman el Estado Mexicano, es decir, todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El grado de participación de las instituciones difiere según la naturaleza de sus funciones”, detalla el documento.
La activación del Protocolo Alba corresponderá a la FGE, a través de la Fiscalía Especializada, y a la Comisión Estatal de Búsqueda al conocer de algún caso.
“Se activará la Alerta Alba en todos los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, con excepción de aquellas mujeres que pudiesen encontrarse en una situación de riesgo o que este pudiera incrementarse con la activación de la alerta”.
El personal de la FGE también está obligado a reconocer el derecho de los familiares a participar en la búsqueda, aunque se aclara que la obligación de realizar las labores es de las autoridades.
El protocolo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) y se encuentra vigente desde el 28 de julio.
