Lejos está aún de ser silenciado en la conversación pública el apellido de la familia Posada Cueto, poseedora de la empresa Proyecta, a quien la víspera le dijo “no gracias” el gobernador Alejandro Armenta luego de la tormenta mediática desatada tras la petición de donación de dos hectáreas a cambio de la expropiación de cuatro entre Santa Clara Ocoyucan y San Andrés Cholula.
Será en mayo próximo cuando Falin Posada Cueto, suegro del abogado Juan Pablo Piña contraiga matrimonio con doña Minette Chedraui Budib, hermana mayor del presidente municipal de la capital del estado.
Un enlace entre dos adultos mayores que debió ser visto como un evento de carácter privado para ambas familias, ocurre en una innegable coyuntura política. Minette es la mayor de los hermanos Chedraui Budib, seguida de Pepe el edil de la capital y Erika y Ramón, los hermanos menores.
El enlace nupcial entre ambos encaja en un patrón de conducta de los desarrolladores de Lomas de Angelópolis en la zona metropolitana de Puebla. Los lazos de poder de los hermanos Posada llevan a exgobernadores, ejecutivos en Televisa y otros desarrolladores inmobiliarios de gran calado en otras partes del país.
Entre la bitácora de aliados en Puebla existe todo tipo de personas desde el mas alto nivel hasta funcionarios del Registro Público de la Propiedad, notarios y litigantes. Una revisión elemental de la historia permitirá ver que ese apellido ha incluido en su círculo a exmandatarios de perfil político diametralmente opuesto.
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Desde Manuel Bartlett Díaz, figura dominante en el salinismo y converso al lopezobradorismo; el priista Mariano Piña Olaya -padre del yerno de Falin-; y Luis Miguel Barbosa, el izquierdista de línea dura que selló su gestión con una línea discursiva que apuntaba contra la fatuidad y el abuso del poder.
Todos ellos han pasado o se mantienen aún cerca de la toma de decisiones de ese corporativo, lo que convierte a la firma en una figura de poder y notable capacidad económica.
En diciembre de 2018 Puebla atestiguó un episodio improbable desde que en el año 2000 comenzó a trazarse el gigantesco desarrollo inmobiliario: los Posada Cueto tuvieron un tropezón jurídico por el incumplimiento de la ley de construcción en Santa Clara Ocoyucan que obligó a la administración municipal a cargo del Concejo Municipal de la época al cierre de actividades.
Se determinó en ese 2018 la clausura de dos fraccionamientos dentro de Lomas de Angelópolis que disparó una larga lista de gestores, intermediarios, legisladores y “queda bien” que desfilaron por la oficina de quien estaba a cargo de ese Concejo Municipal, Rodolfo Huerta Espinosa, funcionario en la Secretaría de Gobernación en la presente administración estatal para detener la clausura.
Los buenos oficios que los coyotes de ocasión ofrecieron a Grupo Proyecta tiene una explicación en la suma de dinero que por semanas se vio inmovilizado con la determinación de aquel Concejo Municipal. Entre los dos clústers clausurados se presumieron unas 500 viviendas en curso de edificación y de venta cuyo precio en la actualidad es en promedio de 4.5 millones de pesos. En retrospectiva no solo se ha tratado de dinero, sino en una inmensa acumulación de poder.
La línea de tiempo no admite ninguna duda.
