El INAI desapareció oficialmente el pasado 20 de este mes, su último acto fue un trámite burocrático: crear un comité de transferencia que se encargará de la entrega.
Esto no significa que las acciones de Transparencia de diversos gobiernos estatales y federal, ayuntamientos, órganos, dependencias, universidades, partidos políticos y demás instituciones que reciben recursos públicos ya no tengan la obligación en la materia.
El INAI fue la última escala de un proceso de transparencia y rendición de cuentas que, como muchos proyectos de antaño, era una muy buena idea, pero no lo fue en la práctica.
El camino dio inicio con la expedición de la primera Ley Federal de Transparencia, en 2002; la integración del IFAI y su conversión en INAI, los escándalos de este y su falta, que irrisorio, de Transparencia; hasta la extinción ordenada por la reforma constitucional aprobada por Morena y sus partidos aliados como parte del “Plan C”.
Las últimas horas de vida del INAI fueron caóticas, con un grupo de trabajadores tomando la sede del instituto en el sur de la CDMX, y las comisionadas haciendo malabares con la demanda de que se protegieran sus derechos laborales.
Las comisionadas y el comisionado presidente, actuaron como acostumbraron en los últimos años: sin ingenio ni visión de Estado.
El adiós del INAI fue también el adiós de un intento de transparencia y rendición de cuentas que en la práctica hicieron todo, menos las tareas para lo que fue creado; el instituto fue opaco a lo largo de los años, irónicamente, el instituto que se encargaba de promover y vigilar la transparencia, era un instituto que no reportaba abiertamente, lo que realizaba.
Y fue solamente cuando su desaparición fue una realidad, que los comisionados actuales y anteriores quisieron darle la importancia que tenían sus funciones, que en su momento, ellos no le dieron.
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La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier sociedad, organización o gobierno. De ahí la importancia del nuevo organismo que se creará para tal efecto y garantizar el derecho a la información del uso de los recursos de organismos públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. Promueven la confianza, previenen la corrupción, mejoran la eficiencia, fortalecen la democracia y fomentan la participación ciudadana.
Hablando de los nuevos tiempos de la transparencia y la rendición de cuentas, en Puebla, próximamente se llevará a cabo la renovación de la Auditoria Superior del Estado, ente sumamente importante para que se vigile el buen uso de los recursos públicos.
Al respecto, el catedrático universitario, Román Sánchez Zamora, consideró que la Auditoría Superior del Estado debe fiscalizar más allá de términos financieros y contables, verificar que las obras mejoren realmente la calidad de vida de los poblanos, además que la inversión pública garantice el bienestar y desarrollo social, lo que debe lograrse desde una visión global e integral que abarque la participación de los ciudadanos y de grupos interdisciplinarios especialistas, así como el uso de Sistemas Tecnológicos de vanguardia incluida la inteligencia Artificial.
Asimismo, Sánchez Zamora se pronunció por maximizar el uso de las tecnologías mediante drones y programas informáticos para seguir la huella digital de procesos administrativos y las obras físicas en tiempo real, así como capacitación a los servidores públicos encargados de ejercer el gasto público, informe anual e indicadores de impacto, todos tendientes a que la ciudadanía poblana tenga conocimiento en relación a la manera en que se deben supervisar obras y denuncia de irregularidades.
Para Combatir la inseguridad debe de auditarse la seguridad publica en rubros en base al desempeño en relación a los niveles de paz y seguridad respecto del gasto público destinado a Seguridad Publica, auditando el desempeño de: Cuerpos Policiales, Fiscalía, Poder Judicial en su ámbito penal y Centros de Readaptación Social.
Es por eso que se requiere un auditor de seguridad en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Seguridad Publica, de acuerdo a las bases constitucionales del federalismo, la democracia participativa y prevalencia de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, afirmo el especialista en la materia.
Nos leemos en la próxima, gracias por sus comentarios; síguenos en:
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