Una modesta trabajadora de una lavandería en Tehuacán dio ejemplo involuntario de la obsolescencia con la que suelen trabajar las fiscalías en el país, en las que aún privan prácticas propias de la peor época en México: detenciones extrajudiciales y tortura.
El caso fue mediatizado en Puebla y el país por razones obvias desde la perspectiva informativa: Verónica Inés, quien junto con su familia encontró en la vía pública un teléfono móvil de una persona que, en efecto, había sido “levantado” por un grupo de secuestradores en Tehuacán, decidió regresarlo al dueño original como un impulso de honradez y decencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo la víspera que la reforma al Poder Judicial es apenas una parte del proyecto para resolver el enorme problema de impartición de justicia que alcanza a instancias locales como agencias del Ministerio Público y, para el caso de Puebla, la Fiscalía General del Estado.
En un país en el que los sectores menos favorecidos, sin dinero ni redes de poder terminan por llevar la peor parte en procesos análogos a los que vivió Verónica Inés en Tehuacán le da solidez a la narrativa de Sheinbaum por profundizar las reformas pendientes.
Fue el viernes cuando la víctima de la Fiscalía General del Estado fue contactada por la familia del dueño legítimo del dispositivo, a lo que Verónica Inés envío ubicación exacta de su domicilio particular sin saber que viviría una amarga lección de vida.
No fue el viernes, sino el sábado cuando en la lavandería en la que tenía dos semanas de laborar, fue detenida sin orden de aprehensión y sin flagrancia, en medio de un operativo que protagonizaron policías ministeriales adscritos a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto.
Más de Parabólica: La mala hora llegó
Fue llevada a los separos de aquella ciudad y luego traída a la capital bajo la sospecha de que la sencilla trabajadora de la lavandería era en realidad, una integrante mas de una banda dedicada al secuestro que opera en la región.
Fue su hermana quien pudo constatar que Verónica Inés no sólo había sido llevada contra su voluntad, sin más pruebas que poseer un teléfono que estaba dispuesta a devolver luego de encontrarlo en la vía pública, que había sido martirizada.
Según el testimonio, se le fue colocada una bolsa en la cabeza para propiciar su asfixia hasta el punto de obligarla a confesar un delito que notoriamente estaba lejos de cometer; fue además golpeada en la cabeza insistentemente con reiteradas amenazas y palabras altisonantes.
Todo sucedió entre el viernes y el domingo en que fue liberada por sentido común del agente del Ministerio Público, por la presión que desde la sociedad se ejerció, por una decisión desde altas esferas del gobierno o por lo que haya sido.
No solo exhibe la falta de rigor y método en las tácticas de investigación el caso de la detención arbitraria de Verónica Inés, sino la torpeza de una institución sobre la que descansa la tarea de indagar sobre los verdaderos grupos delictivos que operan en el territorio.
La muestra palpable es que el dueño del teléfono que en mala hora terminó en las manos de Verónica Inés fue víctima de secuestro, su familia fue orillada a pagar una enorme cifra de dinero, los verdaderos secuestradores obtuvieron el botín y están libres, lejos del alcance de los agentes ministeriales que vieron en la trabajadora de una lavandería a la feroz secuestradora.
