Mientras la oposición a la reforma al poder judicial se desgañita para evitar la renovación de uno de los tres poderes en México bajo la lógica de que al abrir a votación a los integrantes se va a colar la delincuencia organizada, los expedientes que llaman a escándalo por la conducta tramposa de muchos de sus integrantes descansan en el imaginario, pero no el olvido.
Algunos de los ejemplos han estado a la vista en todo el país, pero conviene desempolvar los que florecieron en el territorio, como muestra tangible de que cuando algunas voces pretenden alertar de que los forajidos se inmiscuyan en el proceso, la maña ya estaba ahí a la vista de todos, sin disimulo alguno.
Mas como personaje de novela de Mario Puzo que como hombre de leyes, el exmagistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto que ahora concede entrevistas para alertar de abuso de autoridad de Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se condujo durante años como si se tratara de la cabeza visible del líder de un grupo delictivo.
En los sótanos y pasillos del poder se sabía, cada ocasión que celebró su onomástico reunió en su rancho a servidores públicos adictos al dinero, proveedores, constructores y uno que otro probable delincuente como el presunto líder huachicolero a quien en Puebla se le popularizó por el mote de El Cachetes, el mismo que en 2012 entregó una camioneta Cadillac a Javier Lozano Alarcón, el exsecretario de Trabajo con Felipe Calderón.
En el gabinete de su compañero de pupitre en la Escuela de Derecho, el expresidente entre 2006 y 2012, Lozano Alarcón compartió espacio y decisiones con Genaro García Luna, de quien en Estados Unidos esperan cadena perpetua por haberse aliado con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
El hilo de la madeja está ahí, al alcance de todos para comprobar que la línea discursiva expresada la oposición entre la que se encuentra la de este ex magistrado, inhabilitado por 15 años para ejercer cargo alguno, y lo que queda del clan poblano, es moralmente impresentable por la obvia relación con verdaderos grupos de poder que delinquen como respiran.
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No solo los personajes del pasado carecen de autoridad política para intentar socavar un proceso que resulta inminente.
El PRI de Alejandro Moreno y el senador electo -probablemente caiga su posición si es que se encuentra que carece de raíces indígenas-, Néstor Camarillo Medina fueron quienes llevaron a postular a Tania N., como diputada local suplente de Delfina Pozos, la dirigente priista que sigue sin encontrar un argumento inteligente para justificar a su compañera de fórmula
Tania N., está relacionada con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación que dejó siete cadáveres cercenados cerca del reclusorio de San Miguel en la capital y en su cuenta de Facebook exhibía fotografías en eventos públicos hasta con Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial.
Durante largos años la imputada de delitos federales organizó fiestas para jóvenes adolescentes en los que corría alcohol, drogas y lo que hiciera falta a la base del Frente Juvenil Revolucionario del PRI de Puebla.
Por estos días anda prófugo el edil de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla quien hasta hace unos meses fue priista y ahora exhibido en videos en la ejecución de una persona, así como en el traslado del cadáver como si se tratara de un animal sin vida, bañado en sangre.
Esas son las cartas credenciales con las que la oposición supone tener el recurso para persuadir a las audiencias de la peligrosidad de un plan de reforma al poder judicial, plagado de ministros, magistrados y leguleyos acostumbrados a la cómoda vida que les provee un sistema podrido, por dentro y por fuera.
