Después de la jornada electoral, las bancadas gubernamentales en el Congreso de la Unión aprobaron la realización de una serie de foros de análisis organizados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la propuesta de reforma, que el presidente presentó el 5 de febrero para reformar la Constitución, referente a los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas,
Fueron invitados las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial Federal, los representantes de la Asociación de Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial, el fiscal general de la República, entre otros actores fundamentales de nuestros sistemas de justicia.
Es evidente que el propósito de estos foros es agilizar el proceso de aprobación de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo y, en opinión de diversas organizaciones de juzgadores, evitar la movilización de la base trabajadores de los distintos poderes judiciales.
Los críticos de la reforma han centrado su reclamo en la tesis de que la reforma es una manzana envenenada que, bajo el pretexto de la austeridad y del combate a la corrupción, pretende destruir a la institución que generó los últimos contrapesos a las decisiones arbitrarias del presidente López Obrador.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere la aprobación de las dos terceras partes de las Cámaras del Congreso, Diputados y Senadores, así como de la mayoría de los Congresos de los Estados. En la actual legislatura, el gobierno no cuenta con los votos necesarios para aprobarla.
Sin embargo, sabemos el riesgo que se corre de que el INE y el Tribunal Electoral cedan a la presión a la que son sometidos por el gobierno obradorista, y les otorguen a los partidos de la alianza gubernamental un número de diputados y senadores, mayor al logrado en las urnas para la siguiente legislatura.
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Debemos prepararnos para una inminente reforma constitucional que, más allá de los cuestionamientos que pueda recibir sobre su legitimidad o sobre sus implicaciones políticas, puede convertirse en un enorme desafío institucional que destruirá la estabilidad y el funcionamiento de los poderes judiciales estatales y del propio Poder Judicial Federal.
Esta reforma no está debidamente planeada, y ejecutarla, puede agravar y comprometer los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de jueces y juezas mexicanos.
La primera pregunta que surge de la propuesta presidencial es ¿cómo garantizamos la independencia judicial en relación a las mayorías, en un esquema de designación por voto popular?
El centro de estudios constitucionales (CEC) plantea este dilema con contundencia al señalar: “Un sistema democrático constitucional es aquel en el cual el poder político es el poder de las mayorías y en el que dichas mayorías se encuentran limitadas por los principios y reglas de la Constitución. En este contexto, las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías, para ser capaces de garantizar los límites impuestos por la Constitución, incluso cuando sean contrarios a los intereses de las mayorías”.
Como ese tema, toda la reforma constitucional está envuelta en dilemas que, como está planteada, no encuentran resolución. ¿cuántos derechos laborales se violarán?, ¿cómo conseguiremos jueces capaces, idóneos, imparciales y honestos bajo el sistema de elección popular? ¿qué sucederá con la justicia diaria mientras se implementa la reforma? ¿cuánto costará el proceso de elección popular? ¿quién lo conducirá? ¿cómo se evitará la injerencia del poder público, del crimen organizado, de intereses económicos? En fin, miles de dudas que exigen tener respuestas a la mano y que desafortunadamente, no se tienen.
*Es Diputado Federal
