El periodo del saqueo, la apropiación de la propiedad privada y la negación de los derechos humanos que la oposición ve como escenario de riesgo con el partido Morena y sus aliados como el Partido del Trabajo y el Verde en el gobierno no está en el presente, sino que estuvo en el pasado.
Nadie entonces vio el fantasma del comunismo ni la amenazante figura en el espejo de la Venezuela de Hugo Chávez ni la del payaso dictador de Nicolás Maduro, como ha sucedido en las últimas horas a propósito de la publicación de una modificación a la Constitución de la Ciudad de México.
Curiosamente en el pretérito, ninguna de las voces estentóreas que pretenden advertir del inminente comunismo en México levantó la voz para sugerir apenas que la presencia del grupo panista de Rafael Moreno Valle si fue una amenaza a las instituciones, entre ellas, la que tanto defiende la acomodaticia clase política y empresarial: la propiedad privada.
Testimonio fiel de ese atropello, el de Emilio Maurer a quien tocó estrenar la llamada “Ley Eukid” que como la “Ley Bala” concedía potestades al gobierno de ese panista dictatorial montado en la pretenciosa idea de ser presidente de México con un modelo de desarrollo que privilegiaba la ganancia electoral o económica por encima de legítimos derechos de pueblos y sus ciudadanos.
En marzo de 2013 el Congreso de Puebla dio muestras de la mayor abyección frente al Ejecutivo y sus operadores que no vacilaron en conseguir sus propósitos modernizadores a costa de voluntades, vidas y haciendas, como fue el caso del empresario y ex propietario del Puebla de la Franja.
En horas el Legislativo le dio entrada a la iniciativa de reforma de la Ley Estatal de Expropiación para permitir a esa gestión gubernamental llevar a cabo expropiaciones “exprés” bajo condiciones que abrieron la puerta de la venganza política con una coartada que parecía impecable: la necesidad de construir infraestructura carretera, obra pública u otros criterios que el gobierno del estado catalogara como “urgente”.
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La mañana del 13 de marzo llegó la propuesta de modificación a la ley en la materia, la Comisión de Hacienda le dio entrada, aprobó y esa misma tarde fue convocada una sesión de pleno para dar luz verde a lo que fue un cheque en blanco para el Ejecutivo.
Nadie en las cámaras empresariales ni los partidos políticos o las voces que hoy cuestionan los procesos legislativos fueron capaces de decir una sola palabra para advertir del desaseo en la Cámara de Diputados, integrada por muchos de quienes hoy se oponen lo que sucede en tiempos de la 4T.
Callados frente a la fuerza amenazante de los cancerberos del llamado “morenovallismo”, sólo vieron pasar a los enviados del gobierno para despojar a Maurer de la Hacienda Tamariz, propiedad de la familia Maurer para desarrollar parte de lo que luego se conoció como Ciudad Audi.
Moreno Valle y los suyos pretendían expropiar un rancho de mas de 700 hectáreas de un rancho productivo para ponerlo al servicio del gran capital detrás de la industria automotriz. No fue el único caso, pero fue el mas evidente en la época en la que de verdad no era admisible disentir porque estaba en juego la vida y la seguridad patrimonial .
Hubo otros casos similares en los que estuvo en juego la seguridad, la tranquilidad y el sueño de empresarios que fueron notificados de la inminente expropiación “exprés” a cambio de poner fin relaciones contractuales con perfiles incómodos a Moreno Valle y su grupo que lo mismo incluían a periodistas insumidos, abogados o gente que pensaba distinto.
¿En dónde estuvo toda esa ola libertaria que hoy ve el riesgo inminente de una dictadura?