Detenido por presuntos delitos de defraudación, enriquecimiento y falsedad a una autoridad, la detención en Tijuana, Baja California de Arturo Márquez Martínez y llevado a un penal en Cancún, Quintana Roo revela una red de complicidades, alianzas y prestanombres para la obtención de contratos en Puebla y algunos municipios que no tiene desperdicio.
Aunque haya sido llevado a enfrentar los procesos penales que resulten, Márquez Martínez, hijo de un presidente municipal de Zacatlán, tiene una parte aún mas oscura que envuelve al esposo de la presidenta municipal de Puerto Morelos en el Caribe Mexicano, Ignacio Sánchez Cordero, ejecutado por presuntamente haber incumplido acuerdos con grupos de delincuencia que operan en aquel estado del sureste.
La presidenta municipal y viuda de Sánchez Cordero, Blanca Merari Tziu Muñoz supo mas tarde de los vínculos del compadre del difunto, Márquez Martínez, con grupos de narcotráfico, lo que terminó por dinamitar la relación que había permitido al poblano, virtualmente, tomar por asalto la administración.
En Puebla Arturo Márquez tiene influencia en dos empresas constructoras a cuya cabeza se encuentra Juan Carrera Martínez, representante legal de grupo Constructora Marcar y Asociados SA de CV y MARBAF Constructora SA de CV, que aparecen con número de registro vigente en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado.
Una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp en poder del autor de la columna revela el nivel de influencia que el imputado en Quintana Roo posee en las empresas de cuyo representante legal, se encontraba físicamente en Tijuana, al momento de ser aprehendido a mediados del mes de octubre. En la conversación a través del servicio de telefonía, Márquez Martínez recomienda contactar a otro funcionario del rubro de obra del valle de Libres-Zaragoza.
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Carrera Martínez es quien firmó el contrato de construcción de la obra de la nueva sede del Congreso del Estado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, por un monto de 798 millones de pesos.
De acuerdo con un desglose que realizó en junio pasado el sitio e-consulta, la empresa responsable de la obra, próxima a ser terminada, recibió cada semana 18 millones 136 mil pesos o 3 millones de pesos al día si se toma como referencia seis días de trabajo en el inmueble.
En enero pasado un grupo de trabajadores en la obra en proceso encabezó una manifestación por el incumplimiento en el pago de quincenas pendientes y horas extras, de lo que el gobierno del estado se deslindó cuando demostró que estaba al corriente con la empresa de Carrera, detrás de la cual, ahora se presume, estaría el imputado Márquez Martínez.
La red de influencias también alcanzó al gobernó panista de Eduardo Rivera Pérez, marcado por un hoyo financiero calculado en 680 millones de pesos, por lo que el suplente Adán Domínguez se vio obligado a negociar frustradamente en el Congreso del Estado una línea de crédito por 600 millones de pesos.
El contrato consistió en el arrendamiento de equipo de transporte para la Secretaría de Economía y Turismo del ayuntamiento de Puebla, bajo la forma de adjudicación directa en el que se estableció un mínimo de 149 mil hasta 379 mil pesos, firmado por Bernardo Arrubarrena García en su calidad de secretario de Administración y Servicios de Tecnologías de la Información y por la otra, el personaje que iba a viajar con Arturo Márquez Martínez a China, en su intento de huida de la autoridad investigadora en Quintana Roo.
