Víctima de robo en casa habitación, el agraviado salió del edificio central de la Fiscalía General del Estado sobre la 31 Poniente y Bulevar 5 de Mayo acompañado de dos peritos especializados para efectuar un análisis del sitio en el que se produjo el robo. Fue en su propio vehículo pues no existía una unidad oficial disponible.
La víctima del atraco, como muchos otros en esas mismas condiciones debió disponer de recursos propios ante la falta de apoyos institucionales de una institución como la que desde Idamis Pastor Betancourt encabeza desde el 20 de diciembre pasado, según determinó el Congreso de Puebla.
La falta de recursos para que los agentes investigadores realicen su trabajo todos los días ha sido la constante en esa instancia que vive una paradoja. El ex procurador del morenovallismo, Víctor Carrancá Bourget que luego mutó a fiscal tras la reforma en el Congreso local, disponía hasta de dos chefs en el tercer piso para servir en todo momento lo que el funcionario y su círculo de élite requirieran.
Hace meses que el personal que hace trabajo de investigación carece de patrullas, equipo de seguridad y la falta de personal es creciente, no obstante que para el ejercicio fiscal de 2024 la dependencia registró un incremento presupuestal de mil 521 millones de pesos, respecto del periodo 2023, cuando dispuso de mil 470 millones de pesos.
El desafío de la nueva titular de la FGE no solo radica en las carencias en materia de infraestructura, recursos y personal, sino en los problemas endémicos de una institución con las características particulares, propiciadas por la distracción de sus últimos dos titulares, presionados para dar respuesta inmediata ante expedientes de alto impacto.
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La corrupción, venta de información, tráfico de influencias y la componenda han sido contantes y han ido en aumento, aún por encima del discurso por la honestidad con la que viste sus ropajes la clase política en el partido dominante como la 4T.
Las pruebas de ese tipo de componendas abundan. Es el caso del expediente en que un grupo de agentes ministeriales fue desarmado, brutalmente golpeado y exhibido en redes sociales como una advertencia de un grupo delictivo que aún opera en la zona de Izúcar de Matamoros.
Todo comenzó cuando un grupo de agentes ministeriales con un comandante de apellido Castro al mendo, decidió reunir a los antreros de la zona roja en aquel lugar de la Mixteca para exigirles pago de piso. Los testimonios asentados en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/IZUCARMAT/I/003574/2023.
Los hechos transcurridos en mayo de 2023 cobran mayor relevancia pues sucedieron casi en paralelo a un evento público que el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezaba en la cabecera municipal, junto con la impresentable ex presidenta municipal, Irene Olea.
Los agentes ministeriales que pretendieron extorsionar a los empresarios de giros negros llevaban las de perder. La mayoría -mas de 50 de los antreros- marcó la diferencia y fueron desprovistos de sus armas de cargo y vehículos. Nada de eso informó la Fiscalía con Gilberto Higuera Bernal a la cabeza.
La nueva fiscal general, catalogada como una reputada especialista en derecho deberá lidiar con profundos vicios. No será fácil pues muchos de los males que prevalecen han sido dispensados y hasta propiciados por mandos sin escrúpulos a quienes conviene mantener el estado de cosas para beneficio propio.
