En medio del debate nacional al que no han estado exentos los mercados internacionales y financieros por la eventual reforma al Poder Judicial, anticipada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en Puebla fue reconocido el aparato de impartición de justicia como no sucedía hace décadas.
No solo por las seis salas de oralidad que la víspera pusieron a funcionar el titular del Ejecutivo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez; y la presidente del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz.
La ceremonia tuvo momentos de enorme simbolismo para quienes todos los días trabajan para hacer valer la ley en Ciudad Judicial, que desde hace 20 años carecía de título de propiedad y que a partir de esta semana forma parte del patrimonio del Poder Judicial, pues en todo ese tiempo adoleció de una escritura.
Por ejemplo, a quienes se les reconoció una vida entregada a la impartición de justicia para quien la hubiera requerido, con periodos de entre 34 y 50 años de servicio, no solo se le reconoció, sino que al mismo tiempo, se les dotó de un estímulo económico adicional, cuyo monto se mantiene en reserva para evitar el riesgo de la tentación o ambición humana, que en algunos casos, les permitirá un retiro mas cómodo y holgado que el que supone solo a partir de la pensión para el retiro.
No es contrario el gesto del poder Ejecutivo y Judicial al impulso de la 4T por reformar el aparato de impartición de justicia a la luz de los yerros mal intencionados o involuntarios en casos escandalosos que han tocado fibras sensibles de la sociedad por fallos discutibles e injustificados, sino que se complementan.
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Sergio Salomón dijo frente a los titulares de los otros dos poderes que es necesario trabajar juntos para “para lograr que los procedimientos normativos cumplan su principal fin, que es el de procurar justicia y que la administración que encabeza está comprometida con la legalidad, transparencia, honestidad y defensa de los Derechos Humanos”.
No se trata de una figura retórica, sino en un asignatura que deberá observarse permanentemente para cerrar el paso a los abusos, omisiones o probables complicidades de parte de los juzgadores -algunos de ellos ya han sido evidenciados- con quien posee mayor capital económico o relaciones políticas en demérito de los mas vulnerables.
Para materializar ese propósito se llevó a cabo un concurso de oposición que en su momento fue cuestionado por el autor de la columna por haber desarrollado un proceso reservado sólo para quienes forman parte de la estructura de ese poder en detrimento de la igualdad con la que debiera observarse a los profesionales del derecho.
En abono del resultado de ese examen de oposición, fueron entregadas definitividades para quienes ya estaban al frente de algún juzgado sin el nombramiento oficial respectivo y además, se dijo, el proceso permitió “garantizar que los mejores perfiles ocupen los cargos de jueces de primera instancia, respondiendo así a las necesidades técnicas y de calidad en el servicio que la sociedad demanda con urgencia”.
Y así deberá ser, no solo porque el pueblo se los demandará, sino porque en el plano federal fueron los abusos y la inclinación sistemática de la balanza de la justicia hacía el poderoso lo que llevó a plantear que la reforma a ese poder haya sido consensuada entre el presidente saliente y la entrante.
