Algo tendrá de poético que justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer una joven profesional de la comunicación y el periodismo haya sido reconocida con una alta responsabilidad en el gobierno de Alejandro Armenta como Natali López Hoyos.
Estudiante de comunicación por la Universidad Iberoamericana, junto con su hermana Michelle, tiene una historia que contar en el contexto de la violencia por partida doble: por ser mujer y por ejercer el periodismo para medios como e-consulta, La Jornada de Oriente y para otros de la Mixteca poblana.
No solo resulta poético, sino un acto de justicia para quien a partir del 14 de diciembre será quien conduzca el destino de la radio y televisión pública al frente del Sistema de Información y Comunicación con gente probada en los medios como José Luis de Ita en la Dirección de Televisión y Silverio Espinosa en la Secretaría Técnica.
Lo es no solo por su juventud pues tiene 24 años, que refleja con claridad el compromiso y confianza que deposita Armenta en una nueva generación en el servicio público, sino por la historia de persecución y violencia de la que Natali López fue víctima de parte de una presidenta municipal que perdió el rumbo, Irene Olea.
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La expresidenta municipal que llegó a la alcaldía de la mano de Morena asumió equivocadamente como los improvisados en la esfera política, que confianza y cargo son a perpetuidad, cheques en blanco que se les concede para cometer abusos y atropellos, incluso con quienes se debe sororidad.
Nadie podría imaginar que tras la detención de Natali y Michelle el viernes 10 de marzo en el contexto de los actos conmemorativos del Día de la Mujer del colectivo “Marea Púrpura” en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros el año pasado, cada quien terminaría en el sitio en el que corresponde: Olea en la ignominia, rechazada por su pueblo y Natali ante la oportunidad de hacer la diferencia en el conglomerado de medios públicos de mayor alcance a través de la red de estaciones de radio y televisión públicas en el territorio.
El tránsito de un escenario a otro no ha sido fácil del todo porque en la línea de tiempo debieron suceder acontecimientos que macó a cada una de las personas que protagonizaron esta historia de persecución hostil, como la ejecución de María del Socorro Barrera Sánchez, en calidad de testigo protegido de la Fiscalía General de la República en el caso de la detención y abuso en contra de Natali y Michelle, ocurrido el 20 de junio en Izúcar de Matamoros.
Víctimas de un aparato policiaco típico de un pueblo caracterizado por la violencia, en marzo de hace un año tenían razón, como aún debe suceder, para temer por su vida. Detenidas con violencia por más de 18 policías armados, incomunicadas y llevadas a una suerte de separos extrajudiciales, fueron obligadas a la innoble exhibición de su intimidad, padecieron tocamientos lascivos e incomunicadas.
En una entrevista en el programa #ElAlmuerzo, Natali dijo temer por su seguridad y la de su familia. Responsabilizó a quien, todo apunta, ordenó la tortura: Irene Olea y que dio origen a la aprehensión de seis funcionaros municipales en julio de este 2024, aunque aún no concluye la indagatoria sobre la ejecución de María del Socorro Barrera, una exfuncionaria del municipio que se negó a firmar documentos que exonerarían a los implicados directos del abuso en contra de la futura directora de Sicom y de su hermana Michelle.
