Antes de que termine el primer trimestre del 2025 llegará al Congreso del Estado la primera reforma de gran calado de Alejandro Armenta: la del Poder Judicial que supone poner fin a los privilegios de los que por años ha gozado esa burocracia dotada, presidida por un conjunto de magistrados, jueces y funcionarios insensibles y faltos de empatía.
El documento que soporte la propuesta que conocerán el próximo mes legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos se trabaja a fuego lento, midiendo varios escenarios y entre un pequeño grupo de especialistas en derecho que conocen bien del alcance de una nueva ley que renueve un anquilosado sistema de impartición de justicia.
La seriedad con la que se ha planteado no admite improvisación y tampoco se plantea confrontar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es ahí en donde subyace el riesgo que deberá calcularse con detenimiento y anticipar cualquier discrepancia que derive en disputa estéril.
La operación requerirá del trabajo fino de un relojero suizo para evitar rupturas con magistrados, jueves y la estructura jurisdiccional que deberá ajustarse a un periodo de renovación con un plazo perentorio, en el año 2027 justo a la mitad del periodo gubernamental.
Una meta deseada pero no imposible es la búsqueda del consenso unánime para ofrecer a la sociedad un nuevo modelo que parta de la búsqueda legítima de acercar la ley y la justicia a quienes verdaderamente necesitan obtenerla sin lucro ostensible de por medio.
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Si ha de tomarse un ejemplo, es el del aún magistrado Jared Albino Soriano Hernández, el empecinado censor de los medios en Puebla que de ejercer como litigante en el área hipotecaria en el Banco de Oriente alcanzó tal poder que se convirtió en un inquisidor de jueces y secretarios para orillarlos a pactar con los despachos que recomendó.
Todo el aparato de impartición de justicia será renovado, justo de manera paralela a lo que sucede en el proceso de renovación que se vive en el Poder Judicial de la Federación, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Es probable que el de Puebla sea el primer gobernador del país de los 24 que gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional en dar un paso al frente para terminar con los vicios de un sistema judicial en el que además de insensibilidad, abunda la impudicia.
No es asunto menor porque la propuesta de reforma constitucional plantea la renovación del Tribunal Superior de Justicia, la Junta de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado y juzgados civiles familiares, civiles y penales que requerirá de un margen de maniobra jurídica y política.
Y sucederá en medio de un escenario de alta efervescencia política. A mitad del periodo gubernamental el estado vivirá el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados local y los 217 ayuntamientos, que se convierte en la aduana del gobierno en turno.
La tentación de obtener réditos políticos y electorales está en el paisaje, se sabe. La oportunidad será clave para llevar a término la reforma al Poder Judicial, indispensable para heredar a la sociedad poblana un modelo menos imperfecto y más acorde a la necesidad de los justiciables.
